Un motor económico que podría desacelerar
La construcción es uno de los sectores más dinámicos y estratégicos de la economía dominicana. Dentro de este, el segmento de desarrollo de bienes inmuebles ha mantenido un crecimiento sostenido, impulsado tanto por la demanda habitacional como por la inversión en proyectos para alquiler.
Sin embargo, la reciente aprobación en el Congreso Nacional de la nueva Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios ha generado preocupación en ingenieros, arquitectos y promotores inmobiliarios. Estos advierten que algunas disposiciones podrían provocar una merma en el desarrollo de proyectos habitacionales, especialmente aquellos destinados al mercado de alquiler.
El impacto en la inversión y en los proyectos habitacionales
En la actualidad, una parte considerable de las nuevas construcciones se destina a personas que buscan una segunda o tercera propiedad para renta. Esto responde a un mercado creciente de inquilinos que optan por no adquirir vivienda propia, ya sea por limitaciones económicas o porque consideran más conveniente la flexibilidad del alquiler.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa, varios desarrolladores prevén una reducción en la rentabilidad esperada, lo que podría traducirse en una ralentización de nuevas inversiones.
Principales cambios que generan inquietud
1. Tope a los depósitos de garantía
Históricamente, en el alquiler de viviendas era común que los propietarios exigieran tres depósitos o más, lo que incluía un mes que, en la práctica, el inquilino no recuperaba.
La nueva ley establece que no se podrán cobrar más de dos meses de depósito para alquilar una vivienda. Aunque esto representa un alivio para los inquilinos, varios propietarios consideran que este límite reduce la cobertura de riesgos por daños o incumplimientos.
2. Restricción a incrementos automáticos
La práctica habitual de aumentar un 10 % anual al monto del alquiler queda sin efecto. A partir de la aprobación, todo incremento deberá ser acordado por ambas partes; sin consenso, el precio se mantendrá inalterable. Para muchos inversionistas, esta disposición reduce la previsibilidad financiera de sus operaciones.
3. Sanciones severas por desalojos irregulares
El desalojo de un inquilino sin cumplir los procedimientos legales podría acarrear sanciones penales y administrativas, incluyendo penas de prisión y multas. Para propietarios e inversionistas, esto incrementa la percepción de riesgo, especialmente en casos de incumplimiento de pago.
Reacciones del sector construcción
Ingenieros, arquitectos y desarrolladores coinciden en que la ley, aunque busca proteger los derechos de los inquilinos, podría tener un efecto colateral: desincentivar la inversión en proyectos de renta.
Argumentan que las disposiciones limitan la capacidad de proteger la propiedad privada, aumentan la burocracia y reducen la flexibilidad contractual, lo que a mediano plazo podría traducirse en menos oferta de viviendas en alquiler.
Entre la protección y la inversión
La nueva Ley de Alquileres plantea un reto de equilibrio: garantizar condiciones justas para los inquilinos sin frenar la inversión privada que sostiene la oferta habitacional. El desenlace dependerá de cómo el mercado se adapte a las nuevas reglas y de si se implementan mecanismos complementarios que mantengan atractivo el sector para desarrolladores e inversionistas.
